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Procurador de la Salud ordena a Humana y Triple S a negociar con todos los neurólogos pediátricos en Puerto Rico

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Redacción yasta.pr | 05/17/2012

Advierte que podría imponer multas si incumplen dicha orden

San Juan, Puerto Rico – Tras aseverar que su deber ministerial como Procurador de la Salud, fiscalizando los servicios de salud en Puerto Rico, lo mueve a intervenir a tiempo para que la salud de los pacientes no se afecte, el Dr. Carlos Mellado López, emitió una resolución contra la Administración de Servicios de Salud de Puerto Rico (ASES)  y las aseguradoras que manejan el Plan Mi Salud, para que logren negociar con todos los neurólogos pediátricos en Puerto Rico.

La mencionada resolución se emitió luego de que el Procurador sostuviera reuniones con una de las aseguradoras y con el Director Ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud del Gobierno de Puerto Rico (ASES), Lcdo. Frank Díaz Ginés, en busca de soluciones para resolver el problema de acceso a los especialistas pediátricos en el área oeste.

“Nuestra Oficina advino en conocimiento de que, bajo el Programa de Salud del Gobierno de Puerto Rico, MI Salud, existe una escasez de profesionales contratados por las aseguradoras para ofrecer los servicios de neurología pediátrica. Según se nos informó, Triple S MI Salud tiene problemas de contratación de neurólogos pediátricos en el área oeste, al igual que Humana MI Salud para sus regiones.  Como consecuencia, los pacientes tienen un periodo de espera de hasta 6 meses para obtener una cita de evaluación inicial, además de tener que viajar de Mayagüez a San Juan para recibir los servicios de salud. Y aunque reconocemos que en Puerto Rico no contamos con suficientes de estos especialistas para satisfacer la necesidad existente, entendemos que se puede hacer más para acortar el periodo de cita,” sostuvo Mellado.

El Procurador de la Salud explicó, además, que “de aproximadamente los 15 neurólogos que existen en Puerto Rico, sólo 5 están contratados por Humana y Triple S; dos ofrecen servicios en el Centro Médico de San Juan, 1 en Caguas, 1 en Ponce, y el restante en Mayagüez. Por ende, estos neurólogos no están proveyendo citas nuevas, ya que llegaron al tope de su capacidad. Peor aún, el resto de los neurólogos pediátricos que ofrecen sus servicios médicos en Puerto Rico, no contratan con MI Salud porque alegan que no están de acuerdo con las tarifas o, simplemente, no desean contratar.”

Ante el mencionado panorama, la Oficina del Procurador de la Salud, conforme a sus facultades legales conferidas en virtud del Plan de Reorganización Número 1 del 22 de junio de 2011, y en consideración a lo dispuesto en el Artículo X del Reglamento 7558, ordenó a las partes involuctradas a negociar con TODOS los neurólogos pediátricos que ofrecen servicios en Puerto Rico. Dicha negociación se hará basada en la necesidad existente y la limitación de este tipo de sub especialista en la Isla.

De igual forma, ordena que se someta un Plan de Contingencia para atender a los pacientes, esto, en virtud del Artículo 10, Sección 4(A), inciso 3 del Reglamento 7616, conocido como “Reglamento para Implantar las Disposiciones de la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente de Puerto Rico.

“Nosotros reconocemos que hay unas limitaciones en términos de la cantidad de estos sub especialistas que están disponibles en Puerto Rico. Sin embargo, sabemos que se puede hacer más de lo que se ha hecho hasta ahora para garantizar el acceso a más y mejores servicios de salud. Por tanto, aunque nuestra intención no es emitir multas, tenemos que destacar que, a diferencia de las acciones de la pasada Oficina, ya nosotros hemos emitido más de $50,000 en multas en los pasados meses y no nos temblará la mano a la hora de imponer sanciones a aquellos que incumplan con la la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente,” puntualizó el galeno, Dr. Carlos Mellado López.

Si alguna de las partes incumpliera esta orden emitida por la Oficina del Procurador de la Salud (OPS), se podría exponer a sanciones procesales, así como el referido del caso a la División de Vistas Administrativas de la OPS para la imposición de multas de hasta $5,000 por cada incumplimiento o violación a la Ley 194 de 2000, mejor conocida como la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente.

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